Provincia de Buenos Aires
Fuerte denuncia: funcionarios de General Lavalle instrumentaron documentos públicos para apropiarse de una vivienda
7 de Abril de 2026
Una denuncia sacude al municipio bonaerense de General Lavalle: funcionarios locales quedaron bajo sospecha por la presunta apropiación irregular de una vivienda a partir del uso de instrumentos administrativos y decretos oficiales.
El caso involucra al intendente Nahuel Guardia, a la secretaria Legal y Técnica Isabel Rajoy y al actual secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Nicolás Toucedo Vitale, quien hoy habita el inmueble en cuestión.
Un entramado de decretos y posesión
Según la reconstrucción de los hechos, el conflicto tiene su origen en 2017, cuando mediante el Decreto N° 160, durante una gestión municipal anterior, se dispuso que la vivienda ocupada por Oscar Eber Peironi pasara a la órbita municipal. La medida se justificó en una presunta deuda por tasas y el deterioro del inmueble.
Sin embargo, en septiembre de 2019, el Decreto N° 807 dejó sin efecto aquella decisión. El argumento fue que Peironi había iniciado un proceso de prescripción adquisitiva ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Dolores. No obstante, según la información disponible, no existirían constancias firmes de dicha presentación judicial.
De acuerdo a los registros de dominio, el titular del inmueble sería Horacio Popia, mientras que Peironi figuraba únicamente como poseedor. Incluso, trascendió que una posible heredera sería Gabriela Patricia Popia, residente en la provincia de Buenos Aires.
La cesión y la llegada de un funcionario
El 30 de octubre de 2023, pocos días después de que Nahuel Guardia fuera consagrado como intendente, Nicolás Toucedo Vitale tomó posesión de la vivienda. El propio funcionario habría publicado en redes sociales —en un posteo que luego fue eliminado— que la ocupación se formalizó mediante una cesión de derechos posesorios firmada ante escribanía, por la cual Peironi habría recibido una suma de dinero.
Este punto es uno de los ejes de la polémica: la validez de esa cesión, considerando que el cedente no sería el titular del inmueble, y el contexto en el que se produjo la operación.
Un subsidio que genera sospechas
La controversia se profundiza con un hecho posterior. El 11 de diciembre de 2025, a través del Decreto N° 1230, firmado por la secretaria Isabel Rajoy y el intendente Guardia, el municipio otorgó un subsidio de 250 mil pesos a Peironi, argumentando que se trataba de una persona en situación de vulnerabilidad económica.
Para los denunciantes, este beneficio económico abre interrogantes sobre el vínculo entre la cesión del inmueble y la asistencia estatal posterior.
Interrogantes legales
El caso plantea posibles implicancias jurídicas. Especialistas señalan que, de comprobarse irregularidades, podrían configurarse figuras como abuso de autoridad —por el uso indebido de funciones públicas— o tráfico de influencias, en caso de haberse utilizado posiciones de poder para obtener beneficios particulares.
Por el momento, no hay imputaciones formales, pero la acumulación de antecedentes administrativos, la situación dominial del inmueble y la participación de funcionarios en distintos momentos del proceso alimentan las sospechas.
Un conflicto abierto
En síntesis, la denuncia sostiene que, aprovechando la situación económica del poseedor del inmueble y la ausencia de sus propietarios legales, se habría facilitado la apropiación de la vivienda por parte de un funcionario municipal.
El caso aún no tiene resolución judicial, pero ya genera fuerte repercusión en la comunidad local y abre un debate sobre la transparencia en el manejo de bienes y recursos públicos en General Lavalle.
