Crónica de un ajuste anunciado: la cuarta Marcha Federal Universitaria

Por

Mario Vadillo*

Mientras los estudiantes y docentes se preparaban para marchar ayer por las calles de todo el país, el Gobierno nacional publicaba en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026. Firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo, la norma recorta casi 2,5 billones de pesos del Presupuesto 2026. No es un número abstracto: es una política.

El ajuste más brutal cayó sobre educación. La Secretaría del ramo pierde $78.768 millones en programas concretos. El Plan Nacional de Alfabetización —que transfiere fondos directamente a las provincias para que los chicos aprendan a leer— se desfinancia en $35.288 millones. El Fondo de Compensación Salarial Docente, que servía para que los maestros de las provincias más pobres no cobren salarios de hambre, desaparece: $8.929 millones eliminados de un plumazo. La infraestructura escolar pierde $21.686 millones y las becas estudiantiles se recortan más de $559 millones.

La empresa estatal EDUC.AR, que produce contenidos educativos digitales, pierde $48.000 millones en transferencias. Las universidades nacionales, $5.303 millones en obras de infraestructura. Entre las más afectadas: La Plata ($1.043 millones), General San Martín y Avellaneda ($700 millones cada una), Río Cuarto ($680 millones) y Entre Ríos ($540 millones).

El timing no es casual. La marcha universitaria de este martes —que convocó a cientos de miles en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo— venía anunciándose desde hace semanas. El Gobierno eligió publicar el recorte el día anterior. No es torpeza: es mensaje.?

El argumento que no cierra

La justificación oficial es siempre la misma: hay que cumplir la meta de superávit fiscal pactada con el FMI. Pero la lógica tiene un problema de base. El principal recorte de esta decisión administrativa no es educativo: son $1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras” vinculadas a subsidios y tarifas. Ese número eclipsa todo lo demás. La educación no era el problema fiscal —era el blanco más conveniente.

Porque recortar el Plan de Alfabetización no le ahorra plata al Estado de manera estructural: le ahorra la incomodidad de sostener un sistema que distribuye hacia abajo. Y eso, en este modelo, es lo que parece molestar.

Se recorta el programa contra el cáncer ($63.021 millones), la integración sociourbana ($39.442 millones), los programas de ciudadanía ($55.465 millones). Se mantiene, en cambio, el refuerzo presupuestario para el Consejo de la Magistratura: $115.194 millones para gastos en personal y $22.000 millones para “bienes de uso”. Las prioridades hablan solas.

Lo que se destruye no se repone de un día para el otro

Un plan de alfabetización no se reconstruye en una gestión. Un fondo salarial docente que se elimina deja a las provincias más pobres sin herramientas para retener a sus maestros. Una universidad que pierde fondos de infraestructura ve deteriorarse sus aulas, sus laboratorios, su capacidad de enseñar e investigar.

El argumento de que la educación pública es ineficiente o que las universidades “no rinden cuentas” es viejo y cómodo. Más cómodo que explicar por qué, en el mismo decreto que le saca $35.000 millones a la alfabetización, se le agregan $500.000 millones al techo para pagar sentencias judiciales de origen previsional.

La motosierra no distingue entre el gasto superfluo y el gasto esencial. Esa es su virtud de marketing y su defecto de fondo. Cortar la grasa y cortar el músculo no es lo mismo. Argentina lleva décadas intentando aprender esa diferencia.

Los que firman y los que callan

La Decisión Administrativa 20/2026 que recorta la educación lleva la firma de Manuel Adorni. El mismo Adorni que está siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito —con equipos de minería de criptomonedas en su domicilio y $245.000 dólares en refacciones de su casa de country que no cierran con su patrimonio declarado. El mismo que se niega a presentar su declaración jurada porque, según él, hacerlo “entorpecería a la Justicia”. El Presidente lo respalda. No lo va a echar, dijo, “ni en pedo”.

¿Y quién defiende a Adorni dentro del Gobierno?

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que esta semana recibió una denuncia penal por pagarle con fondos del Estado a su asistente personal y mejor amiga, Andrea Juárez, apoderada de La Libertad Avanza. La misma hermana que concentra más poder real que cualquier ministro del gabinete sin haber sido votada por nadie.

El cuadro lo completa Luis Petri, diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, ex ministro de Defensa; dejó la cartera con la obra social de las Fuerzas Armadas —IOSFA— fundida: de superávit a $200.000 millones de deuda en menos de dos años. Militares sin cobertura médica, prestadores que no cobran, medicamentos que se contratan y nunca se entregan. Hoy legisla desde el Congreso, donde vota los presupuestos que le recortan $78.000 millones a la educación.

Estos son los que firmaron. Estos son los que aprueban. Y estos son, exactamente, los que muchos votaron para reemplazar a la casta.

La explicación política que falta

Hay una pregunta que el Gobierno nunca responde con claridad: ¿por qué el ajuste siempre recae sobre los mismos? Alfabetización, becas, salarios docentes, hospitales, vivienda social. Nunca sobre los subsidios a los sectores concentrados, nunca sobre los privilegios de la política, nunca sobre el presupuesto de los organismos que la misma gestión controla.

La respuesta es política, no técnica.

Los que no tienen lobby no tienen defensa. Los que dependen del Estado para educarse, atenderse o cobrar un sueldo digno son los más fáciles de ajustar porque son los que menos pueden resistir. Eso no es libertad. Es la vieja historia de siempre con un nombre nuevo.

*Presidente  Partido Verde

Diputado Provincial (mandato cumplido). Abogado.